El pasado mes de julio, la Comisión Europea presentó el paquete legislativo Fit for 55 con la pretensión de actualizar la normativa europea para hacerla compatible con el Pacto Verde Europeo y limitar el calentamiento global a 1,5 grados de temperatura media global en comparación con los niveles preindustriales. El sector del transporte sigue siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero y, en España, la carretera representa más del 90% de las emisiones de este. Para poner fin a esta situación, una de las propuestas clave del paquete es la de aumentar la ambición de los estándares de reducción de emisiones de CO2 para coches y furgonetas, alcanzando el 100% de la reducción de emisiones en el año 2035. Esto supondría de facto poner fin a la venta de vehículos de gasolina, diésel, gas e híbridos – incluidos enchufables – para vender exclusivamente vehículos eléctricos puros.

Cada vez más organismos internacionales de renombre están reclamando que se lleve a cabo esta medida para poder hacer frente a la crisis climática. La Agencia Internacional de la Energía recomienda que los vehículos de combustión interna se eliminen gradualmente de las grandes ciudades para 2030 y que se prohiba su venta a partir de 2035, además de restringir el acceso a los centros de las ciudades. Y, también, la Organización de las Naciones Unidas se ha sumado a esta petición, pidiendo a los países desarrollados tomar la delantera en la urgente reducción de emisiones contaminantes, dando así ejemplo a los que están en vías de desarrollo, y terminar con el uso de combustibles fósiles. Y no solo organismos, sino también empresas del sector y gobiernos apoyan políticas en esta dirección.