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Ponentes
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| Maria Gibaja es Responsable de proyectos de Residuos en Anthesis Lavola y cuenta con 9 años de experiencia. Es licenciada en Ciencias Ambientales, Ingeniera técnica agrícola y dispone de un Post-Grado en Gestión, Tratamiento y Valorización de residuos. Destaca su participación en proyectos de planificación integral de gestión y de prevención de residuos, a nivel municipal y autonómico. | Enrique Justo es licenciado en Ciencias económicas y Empresariales por la Universidad Loyola de Córdoba. Desde 1992 es Director Económico Financiero de EPREMASA, Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba. En su haber, la elaboración y actualización permanente de Ordenanzas y tasas Públicas de Residuos de la Provincia de Córdoba durante los últimos 31 ejercicios fiscales. | Eva Puche es psicóloga socioambiental y cuenta con una larga trayectoria profesional en el sector de residuo y la movilidad sostenible. Entre 1993 y 2012 ejerció como Responsable de Comunicación en la Empresa de Residuos de la Provincia de Córdoba (EPREMASA). Entre 2012 y 2021 ha dirigido su propia consultoría centrada en proyectos de cambio socioambiental. Desde 2021 es Asesora de Residuos y Gestora de Cuentas en la zona sur de España en Anthesis Lavola. |
Contexto
Entre las obligaciones que para las entidades locales y entes supramunicipales dicta la nueva ley de Residuos (Ley 7/2022) se encuentra el establecimiento de una tasa especifica, diferenciada y no deficitaria que cubra los gastos de recogida, transporte y tratamiento de sus residuos. Para ello, los ayuntamientos cuentan con un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley. Cuentan, pues, con un plazo inferior a los 24 meses para crear y/o actualizar las tasas municipales y dar cumplimento a la normativa vigente.
Contar con los estudios de costes de gestión de residuos es un requisito imprescindible para lograr avanzar hacia la fijación de unas tasas que permitan asumir una gestión de calidad. Estos cálculos económico-financieros deben incluir, además, conceptos hasta ahora pocas veces contemplados, como los costes de gestión derivados del mantenimiento y la vigilancia de vertederos, las campañas de concienciación y los ingresos derivados de la responsabilidad ampliada del productor, venta de materiales y costes en consumo energético. Y el más complejo. Los costes del impuesto al vertido.
Finalmente, la metodología aplicada debe contemplar variables que permitan a corto y medio plazo avanzar hacia la implantación de sistemas de pago por generación e incluso la administración de bonificaciones o reducciones condicionadas a la participación en los sistemas de recogida separada.
La urgencia en la implantación de estas tasas viene determinada además por un incremento muy significativo de los costes de servicio de recogida al imponer nuevas recogidas separadas y finalmente por el incremento de los costes de tratamiento y explotación por la entrada en vigor el pasado mes de enero del impuesto al vertido.