Claves para entender la nueva Ley de Residuos

El 9 de abril de 2022 se aprobó la Ley de residuos 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta nueva ley deroga la Ley de residuos 22/2011 e incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/851, que modifican la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos y también la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.  

La Ley de residuos entró en vigor el 10 de abril de 2022, salvo el Título VII (“Medidas fiscales para incentivar la economía circular”) que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. 

Con la Ley 7/2022, se refuerza la aplicación del principio de jerarquía mediante la obligatoriedad del uso de instrumentos económicos, se fortalece la prevención de residuos mediante la promoción de modelos de producción y consumo sostenibles y se refuerza la recogida separada con la finalidad de conseguir mayores tasas de preparación para a la reutilización y de reciclado de calidad. 

Entre los instrumentos económicos destacan un impuesto aplicable al depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración de residuos, así como el establecimiento por parte de las entidades locales, en el plazo de tres años, de una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidas las campañas de concienciación y comunicación. 

También establece medidas aplicables a aquellos productos de plástico de un solo uso que más frecuentemente aparecen en las caracterizaciones de la basura dispersa, a las artes de pesca y a todos los productos de plástico fraccionable. Entre dichas medidas, destacan la reducción, sensibilización, marcado y ecodiseño de productos de plástico, un nuevo impuesto sobre los envases de plástico, así como el uso de instrumentos económicos como la responsabilidad ampliada del productor e incluso la restricción para determinados productos, teniendo en consideración las posibilidades que existen para su sustitución y alternativas existentes en el mercado. 

La finalidad de esta nueva normativa es favorecer la transición hacia una economía circular y, por tanto, entre otras cosas, plantear un nuevo modelo de consumo y venta de productos. Establece un cambio de paradigma sobre las estrategias de crecimiento de algunos de los sectores económicos y sobre todo, en el modelo económico de venta masiva de productos para luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente.