¿Cómo aborda el sector público la CSRD?

La importancia de abordar el reporting en sostenibilidad es cada vez más imperante.

aplicación del csrd en el sector público, ejemplo de fgc

Las organizaciones del sector público no están obligadas a cumplir con la CSRD

La importancia de abordar el reporting en sostenibilidad es cada vez más imperante. La aparición de leyes y regulaciones, como la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), junto con los proyectos de norma asociados (como las Normas Europeas de Información sobre sostenibilidad (NEIS)), ha intensificado los requisitos de transparencia en la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad.

Actualmente, las organizaciones del sector público no están obligadas a cumplir con la CSRD, aunque en muchos casos esto dependerá de su forma jurídica. Algunas entidades sí pueden estar sujetas a esta obligación. Aun así, dar los primeros pasos en esta dirección (publicando su memoria de sostenibilidad, por ejemplo) aunque no tengan obligación, puede posicionarlas como líderes en materia de sostenibilidad y reforzar la confianza del público y sus grupos de interés.

Para entender cómo están abordando algunas organizaciones del sector público la nueva directiva CSRD y sus requisitos normativos, hemos hablado con los responsables de sostenibilidad de dos grandes organizaciones del sector público de Cataluña que ya han empezado a liderar el proceso: Antonio García Leyva, Responsable de Responsabilidad Social de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Cristina García de Mateo, Jefe de Sostenibilidad de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Retos del sector público y la CSRD

El principal desafío al que deben enfrentarse muchas de las organizaciones, ya sean del sector público como del privado, es la recopilación de datos, y en especial, los relativos a la cadena de suministro.

Desde la CCMA, la responsable de sostenibilidad expone que el gran reto que se les plantea es “la recopilación de datos adicionales necesarios y el estudio de los diversos escenarios para la identificación de los impactos, riesgos y oportunidades (IRO’s), ya no tanto de nuestra propia actividad, como de las fases anteriores y posteriores de nuestra cadena de valor. Muchos de nuestros proveedores de servicios relacionados con la producción audiovisual, son PYMES que no gestionan datos de sostenibilidad y no podrán proporcionarnos los datos con facilidad.”

Este proceso de recopilación de datos representa un paso crítico para poder cumplir con los requisitos que establece la CSRD, y al mismo tiempo, se convierte en un elemento clave para poder evaluar y mejorar el rendimiento sostenible de las organizaciones.

Otro tema a tener en cuenta es la no obligatoriedad del reporting para muchas organizaciones del sector público, como es el caso de la FGC. Con el tiempo, este factor puede actuar de freno a la hora de poner en marcha acciones efectivas que permitan dar los primeros pasos en reporting de sostenibilidad.

Es necesario actuar antes de tener que reaccionar. Así lo ha encarado la FCG, que en 2019 ya estableció este compromiso en el marco de la Agenda Estrategia 10/30 de la organización, en palabras de su Responsable de Responsabilidad Social, Antonio García Levya “FGC se situará como a ejemplo de buenas prácticas en el aseguramiento de un nivel avanzado de auditoría similar a la información financiera para la información no financiera que se divulga en los informes anuales de responsabilidad social.”

Aquellas empresas que se comprometan ahora, y establezcan ya una estrategia clara para enfocar el reporting lo tendrán más fácil para adelantarse a futuros requisitos normativos.

aplicación del csrd en el sector público, ejemplo de la ccma

¿Cómo está abordando el sector público los requisitos de la CSRD?

Tanto la CCMA como FGC han empezado con un análisis de doble materialidad, un proceso para determinar los temas materiales (o de importancia relativa, según la CSRD) desde dos puntos de vista: los temas que afectan o pueden afectar a la creación de valor de una organización (materialidad financiera) y los temas que impactan o pueden impactar sobre las personas y el medio ambiente (materialidad de impacto) para el desarrollo de su actividad.

Para la CCMA, este análisis “debe permitirnos identificar los temas de importancia relativa que interpelan a nuestra organización. Una vez identificados deberemos valorar cómo los estamos gestionando e identificar oportunidades de mejora para avanzar en su gestión y poder informar a nuestros grupos de interés de cómo lo hacemos, a través de la memoria” declara Garcia de Mateo.

De forma similar, FGC está desarrollando un análisis de doble materialidad “para identificar y priorizar los temas ambientales, sociales y de gobernanza más relevantes por FGC y por sus grupos de interés, desde una perspectiva financiera y de impacto” según explica García Levya.

Además, García Levya declara que FGC trabaja para “incrementar progresivamente los sistemas de gestión de control de la información de sostenibilidad y, por tanto, incrementar el nivel de aseguramiento. Hace cuatro años empezamos a verificar con un tercero independiente una parte de la información con un nivel de aseguramiento limitado. El pasado año ya verificaron una parte de la información del Informe integrado de gestión anual con nivel de aseguramiento razonable, y el resto con nivel limitado. En los próximos años continuaremos incrementando el aseguramiento razonable para pasar de un 20% de los indicadores del informe integrado de gestión anual de 2023 al 60% en el de 2025.”

De cara al futuro, la CCMA también seguirá trabajando y según Garcia de Mateo “ahora que ya estamos preparando el EINF de 2023, aprovecharemos para realizar un análisis GAP (en relación a la CSRD y las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS)) para identificar aquellos datos de los que ya disponemos, pero sobre todo los que ahora no estamos reportando para ver cómo los estamos gestionando y si tenemos capacidad de recopilarlos.”

Oportunidades de la CSRD

A pesar del aumento de los requisitos, la elaboración de informes de sostenibilidad puede ser un esfuerzo adicional para las empresas, tanto del sector público como del privado, pero se ve recompensado por la demostración de una mayor transparencia, mejora reputacional y aumento de la confianza del público y de los grupos de interés. Además, unos informes transparentes pueden ayudar a promover la comprensión y concienciación sobre las cuestiones de sostenibilidad.

En el caso de la CCMA, la organización previamente a la CSRD tenía ya en cuenta criterios de sostenibilidad en los tres ámbitos ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza). Pero Garcia de Mateo asegura que «la nueva directiva es una oportunidad de mejora en la gestión de estos temas porque nos ayudará a centrar la estructura de mando de la organización con la consecución de estos objetivos ASG.»

Además, “la oportunidad inmediata que podemos identificar, desde el punto de vista del negocio de ofrecer contenidos al público, es la creación de mayor programación vinculada con temas de sostenibilidad para sensibilizar y que despierten interés en la audiencia. Disponemos de un altavoz para la ciudadanía y le seguiremos aprovechando para difundir contenidos de sostenibilidad.”

El impulso de la CSRD, y, por tanto, el ejercicio de transparencia que plantea, también es una oportunidad para consolidar la buena reputación y la credibilidad. Tal y como afirma García Leyva, “disponer de un marco legal nos aporta un beneficio muy claro por generar credibilidad entre nuestros grupos de interés y por mejorar la eficiencia al disponer de herramientas para generar una información de calidad, precisa, equilibrada, fiable y comparable.”

La elaboración de informes de sostenibilidad supone tanto un reto como una oportunidad para las organizaciones públicas. A través de informes transparentes y eficaces, las empresas pueden mostrar su papel y responsabilidad en materia de sostenibilidad, reforzando así la confianza de sus grupos de interés. Por tanto, las organizaciones del sector público deben considerar esta normativa no solo como un (futuro) requisito normativo, sino también como una oportunidad para mejorar sus resultados en materia de sostenibilidad y liderar el esfuerzo hacia una sociedad más justa y sostenible.

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