Apenas unos meses antes de que cientos de grandes instituciones financieras se comprometieran en la COP26, en noviembre del año pasado, a mantener sus carteras alineadas con el medio ambiente, los organismos reguladores alemanes iniciaron una investigación sobre la rama de gestión de activos del Deutsch Bank, por haber exagerado sus credenciales ESG. A principios del mes de maig, la policía alemana realizó una redada en las oficinas de DWS por un presunto «fraude en los folletos» por exagerar como de “sostenible” eran los fondos comercializados por la gestora.

Impulsar el rendimiento a través de la calidad de los datos

Pocos defenderían los casos de instituciones financieras que etiquetan fraudulentamente fondos como verdes. Sin embargo, los inversores llevan mucho tiempo quejándose de que carecen de los datos de calidad necesarios para aplicar con precisión las métricas ESG a las empresas, los bonos u otros productos de inversión para llevar a cabo la debida diligencia. Durante las dos últimas décadas, organizaciones sin ánimo de lucro como CDP han aprovechado la autoridad de los inversores para persuadir a miles de empresas para que divulguen voluntariamente sus riesgos, oportunidades y emisiones relacionadas con el clima de forma anual, en línea con las recomendaciones de la TCFD. Pero, aunque los datos obtenidos de la divulgación voluntaria son útiles para los inversores, a menudo existen lagunas y dudas sobre la fiabilidad de la información.

Aunque muchos de los principales inversores reconocen desde hace tiempo que los datos medioambientales de las empresas son importantes desde el punto de vista financiero, la mayoría de los reguladores han tardado en imponer la divulgación de información relacionada con el clima, como hacen con otros riesgos financieros. La Unión Europea ha estado a la vanguardia de la adopción de normas en torno a la divulgación relacionada con la sostenibilidad. A finales de 2019, la Comisión Europea publicó el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) para «evaluar los resultados de sostenibilidad de los productos financieros» y evitar el “greenwashing”. El SFDR, que entró en vigor en marzo de 2021, obliga a los «participantes en el mercado financiero» a revelar tanto los riesgos relacionados con la ESG en sus inversiones como los «principales impactos adversos», o los efectos negativos que podrían tener sobre una serie de factores relacionados con la sostenibilidad en la economía real.

A finales de marzo de este año, la SEC -que durante años ha ido a la zaga de sus homólogos europeos en cuanto a la regulación relacionada con el clima- publicó una propuesta de norma de 500 páginas para obligar a las empresas públicas estadounidenses y a los emisores privados extranjeros a informar sobre el clima. La norma propuesta por la SEC se enfrenta a graves obstáculos, como los litigios de las empresas y la oposición de los congresistas republicanos. No obstante, muchos de los principales bancos estadounidenses, fondos de pensiones y otros inversores se han unido para apoyar la norma y su potencial para agilizar la presentación de datos ESG y mejorar el acceso.