Debida diligencia en derechos humanos: una necesidad empresarial más allá de la CSDDD

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La creciente atención social, regulatoria y empresarial hacia los derechos humanos ha convertido la debida diligencia en una pieza clave de la sostenibilidad corporativa. A pesar de que el proceso legislativo de la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CS3D o CSDDD, por sus siglas en inglés) ha estado marcado por intensas negociaciones, modificaciones sustanciales y recortes en su alcance, la obligación de las empresas de identificar, prevenir y abordar los impactos que generan sobre los derechos humanos sigue siendo fundamental.  

Este artículo analiza por qué las empresas deben comprometerse con una debida diligencia efectiva, más allá del cumplimiento normativo, y cómo esta práctica repercute positivamente en la gestión responsable de la cadena de suministro. 

CSDDD: Un marco legal en evolución

La CSDDD, impulsada por la Comisión Europea en 2022, tenía como objetivo establecer una obligación legal para que las grandes empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan cuentas por los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadenas de valor. No obstante, el proceso legislativo ha estado lejos de ser lineal. La intervención del Consejo y del Parlamento Europeo, y recientemente del llamado “paquete ómnibus”, ha supuesto ciertos recortes en su alcance, excluyendo a algunas empresas medianas y limitando responsabilidades a tramos específicos de la cadena de suministro. 

Estos recortes han generado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, que alertan sobre el riesgo de debilitar una herramienta diseñada para generar cambios estructurales. Sin embargo, incluso en su forma reducida, la CSDDD establece una señal clara: las empresas ya no pueden desentenderse de los impactos que generan directa o indirectamente sobre los derechos humanos a lo largo de su cadena de valor. 

Más allá del cumplimiento: ¿Por qué deben actuar las empresas?

Cumplir con la CSDDD o con marcos voluntarios como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU no debería verse como una simple obligación legal o de reputación. La integración de la debida diligencia en derechos humanos dentro de la estrategia empresarial ofrece ventajas tangibles y sostenibles: 

  • Identificación temprana de riesgos: Un proceso sistemático de debida diligencia permite identificar riesgos reales o potenciales antes de que se conviertan en crisis reputacionales, conflictos laborales o litigios. 
  • Construcción de relaciones sólidas con proveedores: La colaboración con socios comerciales que respeten los derechos humanos mejora la estabilidad de la cadena de suministro, reduce interrupciones y favorece relaciones a largo plazo basadas en la confianza. 
  • Acceso a mercados y capital: Cada vez más inversores, instituciones financieras y clientes exigen que las empresas demuestren su compromiso con los derechos humanos. La debida diligencia puede convertirse en una ventaja competitiva. 
  • Fortalecimiento de la reputación: Las compañías que abordan de forma transparente sus impactos negativos, y adoptan medidas efectivas para prevenirlos, se perciben como actores responsables y comprometidos. 
  • Preparación para futuras normativas: Aunque la CSDDD no se aplique aún a todas las empresas o países, los marcos regulatorios seguirán evolucionando. Empezar ahora permite anticiparse a requisitos legales futuros y no tener que reaccionar bajo presión. 

Si bien, respetar los derechos humanos es una responsabilidad ineludible para toda empresa, mucho más allá del mero cumplimiento legal o de los intereses comerciales. Según los Principios Rectores de las Naciones Unidas, esta obligación existe independientemente de que los Estados cumplan o no con sus propios compromisos en la materia. Ninguna empresa puede permitirse tratar el respeto a los derechos fundamentales como una opción, ni justificar violaciones amparándose en vacíos legales, presiones del mercado o decisiones empresariales. 

Derechos humanos y cadena de suministro: un vínculo inseparable

La cadena de suministro es el espacio donde se concentra una gran parte de los riesgos en derechos humanos: trabajo forzoso, trabajo infantil, condiciones laborales inseguras, discriminación, impactos sobre comunidades indígenas, acceso a agua o salud, etc. Estos riesgos suelen producirse en contextos donde la regulación local es débil y la visibilidad empresarial limitada, lo que hace que este entramado de relaciones comerciales, a menudo fragmentadas y descentralizadas, exija una gestión mucho más activa y comprometida. 

Por lo que, gestionar adecuadamente los impactos implica ir más allá de las auditorías puntuales y los códigos de conducta. Requiere adoptar un enfoque basado en el riesgo, centrado en las personas afectadas, y que incluya medidas como: 

  • Mapeo de la cadena de suministro y priorización de zonas o proveedores con mayor exposición a riesgos. 
  • Establecimiento de mecanismos de evaluación continuada. 
  • Compromisos contractuales con proveedores en materia de derechos humanos. 
  • Formación a empleados y socios comerciales. 
  • Canales de reclamación accesibles para personas potencialmente afectadas. 
  • Colaboración sectorial para abordar problemáticas estructurales comunes. 

Una debida diligencia robusta en la cadena de suministro no solo reduce el riesgo de complicidad en violaciones de derechos humanos, sino que también mejora la trazabilidad, promueve relaciones más estables y de largo plazo con los proveedores, y contribuye a construir cadenas de valor más resilientes, justas y eficaces. 

Casos reales: cuando no actuar cuesta más

Numerosos escándalos empresariales han puesto en evidencia los altos costes económicos, legales y reputacionales que implica no gestionar adecuadamente los derechos humanos en la cadena de suministro. Desde marcas textiles involucradas en trabajo forzoso en Asia Central, hasta tecnológicas vinculadas a minerales extraídos en condiciones inhumanas, los ejemplos abundan. 

Estos casos no solo afectan la reputación de las empresas implicadas, sino que generan consecuencias jurídicas (multas, demandas colectivas), pérdida de contratos con grandes clientes o inversores, protestas sociales, boicots y crisis internas. Frente a ello, la debida diligencia no es un gasto, sino una inversión estratégica. 

El rol de las pequeñas y medianas empresas (pymes)

Aunque la CSDDD se aplica de forma directa principalmente a grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) no están al margen de esta transformación. Muchas de ellas participan en cadenas de suministro globales donde los requisitos en materia de derechos humanos, sostenibilidad y transparencia se están convirtiendo en condiciones indispensables para mantener relaciones comerciales. 

Además de responder a estas exigencias externas, adoptar medidas de debida diligencia adaptadas a su tamaño, sector y contexto puede ofrecer a las pymes múltiples beneficios: profesionalizar su gestión, mejorar su reputación, acceder a nuevas oportunidades de negocio y anticiparse a futuras regulaciones. Implementar un enfoque responsable desde etapas tempranas refuerza su competitividad, facilita la atracción de clientes e inversores que valoran la sostenibilidad y consolida relaciones de confianza con socios estratégicos. 

En un mercado en evolución, las pymes que integren principios de derechos humanos en su operativa diaria no solo estarán mejor preparadas para los desafíos venideros, sino que podrán posicionarse como aliadas clave en la construcción de cadenas de valor más éticas, resilientes y sostenibles. 

El momento de actuar es ahora

El futuro de las empresas pasa por integrar la sostenibilidad y los derechos humanos en el centro de su estrategia. Aunque el alcance de la CSDDD haya sido limitado respecto a sus ambiciones iniciales, su mera existencia confirma un cambio irreversible: se están redefiniendo las reglas del juego. En este nuevo escenario, las empresas que actúan con responsabilidad no solo cumplen con la normativa, sino que ganan terreno en competitividad, reputación, acceso a financiación, atracción de talento y fidelización de clientes. 

La debida diligencia no debe entenderse como una carga administrativa, sino como una herramienta para fortalecer el negocio a largo plazo. Aplicarla con coherencia permite anticipar riesgos, responder con agilidad a las expectativas sociales y regulatorias, y posicionarse como actor clave en la transformación hacia una economía más justa y sostenible. 

Gestionar los impactos sobre los derechos humanos es, en última instancia, una inversión en resiliencia, legitimidad y propósito. Las empresas que comprendan esta lógica y actúen con visión estarán mejor preparadas para liderar en tiempos de cambio. Porque en contextos de incertidumbre, la mejor estrategia no es esperar, sino anticiparse, actuar con responsabilidad y construir hoy el negocio que el mundo necesita mañana. 

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