La ciencia del comportamiento como herramienta de creación y medida del impacto en la gestión pública

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Después de más de cuatro décadas diseñando y desplegando programas de educación ambiental, conviene hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos logrando realmente los cambios que queremos?

Hace años que impulsamos programas educativos, campañas y acciones de sensibilización con un objetivo claro: promover hábitos más sostenibles. Pero si miramos atrás con honestidad, emerge una evidencia recurrente: informar no siempre transforma, y saber no siempre implica hacer.

Hoy, en un contexto de creciente exigencia respecto a la gestión de los recursos públicos, no basta con “hacer cosas” esperando que la intuición y el saber hacer garanticen los resultados esperados. Hay que rendir cuentas, demostrar impacto y maximizar el retorno social de cada inversión. Y aquí es donde la ciencia del comportamiento aporta una nueva mirada que se vuelve imprescindible.

¿Estamos más informados que nunca, pero actuamos en consecuencia?

Vivimos en una sociedad altamente informada. Conocemos los efectos del cambio climático, las consecuencias del desperdicio alimentario o el impacto de nuestros hábitos de consumo. Sin embargo, esta información no se traduce directamente en acciones. Esta realidad, conocida como value-action gap, ha sido ampliamente documentada: las personas declaran tener valores e intenciones sostenibles, pero a menudo no actúan en consecuencia. La investigación muestra que la relación entre intenciones y comportamiento real puede ser sorprendentemente baja.

Durante años, muchas estrategias públicas han intentado reducir esta brecha a través de intervenciones generalistas, centradas principalmente en informar o sensibilizar. Pero la evidencia nos indica que esto no es suficiente: decir a las personas qué deben hacer, e incluso por qué deben hacerlo, no garantiza el cambio. El consumo de tabaco es un ejemplo paradigmático: décadas de advertencias explícitas no han eliminado su consumo, porque este responde a un conjunto de factores mucho más profundo (hábito, contexto social, emociones, accesibilidad…).

Del mismo modo, el comportamiento ambiental está influido por una combinación compleja de factores personales y sociales, como valores, normas, contexto o percepción de control, que interactúan entre sí (Gifford & Nilsson, 2014). Esto tiene una implicación clara: no existen soluciones universales ni intervenciones que funcionen igual para todo el mundo, lo que implica la necesidad de comprender en profundidad qué barreras dificultan el cambio y qué elementos lo facilitan, para diseñar intervenciones realmente ajustadas y efectivas.

Entender el comportamiento para transformarlo

La ciencia del comportamiento parte de una premisa clave: para cambiar un comportamiento, primero hay que entenderlo. Es necesario analizar no solo qué hacen las personas, sino también por qué lo hacen. Factores como la motivación, la capacidad o las oportunidades disponibles condicionan cada decisión cotidiana. Entender esta complejidad no significa complicar las soluciones, sino hacerlas más precisas.

Además, sabemos que las decisiones humanas están fuertemente influenciadas por heurísticas, sesgos y dinámicas sociales. En este sentido, marcos de referencia como MINDSPACE o EAST han demostrado que pequeñas modificaciones en el entorno, como hacer que la opción deseada sea la más fácil, más visible o más socialmente aceptada, pueden tener un impacto significativo en el comportamiento. Desde esta perspectiva, una intervención puede ser desde un cartel hasta el cambio en el diseño de un servicio, la reorganización de un espacio, una norma social visibilizada o una facilitación concreta del comportamiento deseado.

Dicho de otra manera, el cambio no depende solo de lo que decimos, sino de cómo está diseñado el contexto en el que las personas deciden.

De hablar “sobre” el problema a co-crear la solución

Otro elemento clave es el cambio de rol de la ciudadanía. Tradicionalmente, hemos situado a las personas como receptoras de un mensaje. Pero cada vez es más evidente que no se pueden diseñar soluciones efectivas sin las personas a las que van dirigidas. Autores como Nina Simon, en el ámbito de la participación cultural, lo resumen claramente: los públicos no tienen que compartir necesariamente nuestra visión de lo que es importante. Esto nos obliga a escuchar antes de intervenir.

La ciencia del comportamiento incorpora esta lógica a través de procesos de diagnóstico y co-creación: preguntar, observar, comprender y construir conjuntamente. Esto no solo mejora el ajuste de las soluciones, sino que facilita su aceptación y sostenibilidad en el tiempo.

Medir para aprender (y para justificar)

Si hay un elemento especialmente relevante para la administración es la necesidad de medir el impacto de las políticas públicas. Históricamente, muchos programas se han evaluado en términos de participación, pero rara vez en términos de cambio real de comportamiento. La ciencia del comportamiento pone el foco precisamente en esta dimensión: qué ha cambiado realmente, en qué magnitud y gracias a qué.

Esto permite:

  • Evidenciar el buen uso de los recursos públicos
  • Priorizar acciones con mayor retorno
  • Mejorar continuamente las intervenciones
  • Escalar lo que funciona y descartar lo que no

En definitiva, auditar el rendiment de comptes.

Un marco especialmente relevante para los retos ambientales

Los retos ambientales, desde la gestión de residuos hasta el consumo de agua o energía, tienen un elemento común: dependen de decisiones cotidianas de millones de personas.

Por eso, son un terreno especialmente adecuado para la aplicación de la ciencia del comportamiento. No se trata solo de cambios tecnológicos o normativos, sino de facilitar que el comportamiento sostenible sea la opción más fácil, natural y asumible.

Este enfoque permite abordar problemas persistentes no como una falta de información, sino como una cuestión sistémica y de diseño de decisiones.

Hacia una nueva generación de políticas públicas

En un contexto de recursos limitados y retos crecientes, las administraciones públicas y otras entidades tenemos la oportunidad, y la responsabilidad de evolucionar hacia modelos de intervención más eficaces.

Integrar la ciencia del comportamiento no significa sustituir lo que ya funciona, sino complementarlo con una capa de análisis, precisión y evidencia que permita aumentar el impacto real de las políticas públicas.

Incorporar este enfoque en el diseño y la evaluación de programas públicos permite avanzar hacia intervenciones más eficientes, adaptadas y medibles. En un escenario que exige impacto real y rendición de cuentas, se convierte en una herramienta clave para optimizar recursos y generar cambios sostenibles.

Porque, al fin y al cabo, el objetivo no es solo informar más, sino transformar mejor.

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