Externalización de servicios educativos: la calidad se decide en la licitación
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- Calidad exigible a las empresas de prestación de servicios
- Com incorporar els valors a les licitacions i contractacions
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En la actualidad, la mayoría de instituciones culturales y de administraciones públicas optan por modelos de externalización para la prestación de sus servicios educativos. La idoneidad de que sea así excede el objeto de este artículo. Es una cuestión relevante, pero que requeriría un análisis específico. Partimos, pues, de esta realidad consolidada.
El objetivo de este artículo es analizar qué valor aportamos las empresas especializadas en la prestación de servicios educativos a administraciones públicas, fundaciones y entidades de capital público.
Desde esta perspectiva, es necesario diferenciar claramente entre externalización y la mera provisión de personal. La externalización de calidad no puede asimilarse a un modelo equivalente a una empresa de trabajo temporal. Si un servicio se limita a la contratación de personas sin prever una estructura de gestión y seguimiento por parte de la empresa suministradora, se compromete indefectiblemente el resultado y la calidad finales.
Asimismo, es importante reconocer que muchos responsables técnicos y equipos directivos tienen la voluntad de dotar a estos servicios de los recursos necesarios para garantizar su calidad. Sin embargo, a menudo se encuentran condicionados por limitaciones administrativas y presupuestarias que prevean la dirección y supervisión de la empresa prestadora del servicio. Sin una adecuada dotación económica que lo incluya en la partida de gastos generales, difícilmente se obtendrá la calidad deseada.
No se pretende ofrecer soluciones definitivas, sino aportar un conjunto de consideraciones útiles para reforzar la toma de decisiones, facilitar la interlocución con los órganos de dirección y los servicios jurídicos, y contribuir a la mejora efectiva de los servicios educativos.
La calidad exigible a las empresas de prestación de servicios
La calidad es un concepto bastante escurridizo si no se explicitan las características que ambas partes valoran. La arbitrariedad se reduce si, además, los rasgos que la conforman son objetivables y medibles. No obstante, hay una serie de parámetros que son ineludibles: una estructura sólida, la formación continua del equipo, la metodología sistematizada, la innovación y la evaluación.
Es imprescindible establecer una estructura de coordinación sólida. Se recomienda disponer de una figura de coordinación in situ que actúe como referente operativo del servicio y canal de interlocución con la entidad contratante, evitando así el riesgo de cesión ilegal de trabajadores. Paralelamente, es conveniente incorporar una dirección técnica del contrato con una dedicación aproximada del 10% del total de horas del servicio que garantice el seguimiento del equipo, el control y la innovación. Finalmente, es necesario que el equipo educativo y el equipo de información estén contratados de acuerdo con la categoría laboral que les corresponde y que lleven a cabo las tareas asociadas a estas categorías.
Otro elemento clave es la formación de los equipos. Esta debe incluir formación inicial de acogida, formación continua y formación específica en contenidos, metodología pedagógica, inclusión y gestión de grupos. El valor diferencial de las empresas especializadas radica en la calidad, la diversidad y la actualización de estas formaciones.
En tercer lugar, las empresas aportamos sistemas de gestión y software, así como protocolos operativos que permiten escalar y mantener la calidad del servicio, especialmente para equipos que van incrementando su dimensión. La formalización de metodologías y procesos garantiza la coherencia y la eficiencia en la prestación.
En función del talante de cada empresa, la mejora continua del proyecto educativo será muy variable, pero en un servicio que persiga la excelencia es necesario estar atentos e incorporar, cuando sea posible y pertinente, metodologías activas e innovadoras.
Finalmente, la evaluación de los servicios constituye el elemento esencial. Más allá de la cantidad de público y la satisfacción de los participantes, es necesario avanzar hacia modelos de evaluación del análisis del impacto que incluyan la evaluación del aprendizaje y los cambios de comportamiento y de hábitos producidos. Algunos de nuestros clientes quieren ir un paso más allá y estamos dedicando recursos a medir el impacto social de sus proyectos.
¿Cómo se pueden incorporar estos valores en las licitaciones y contrataciones?
Como empresa prestadora de servicios educativos que las administraciones públicas externalizan, son numerosos los pliegos de condiciones que pasan por nuestras manos, de diferentes territorios y de diversa naturaleza. Es por ello que nos atrevemos a hacer una serie de consideraciones que no siempre vemos reflejadas en estos documentos. Cabe decir que no pretende ser un listado exhaustivo, pero sí recoger aspectos relevantes que a menudo no hemos visto incluidos y que nos han llevado a desestimar numerosos proyectos, por el riesgo de la indeterminación o por la precarización del servicio, o ambas cosas a la vez.
- En relación con las condiciones laborales: es imprescindible definir jornadas, categorías profesionales y retribuciones de acuerdo con el convenio aplicable (pluses de idiomas, de grandes equipamientos o nocturnidad), así como prever los incrementos salariales en contratos plurianuales, el absentismo (situado actualmente en un 6%) y los costes asociados a la Seguridad Social (32% coste empresa).
- Estimación de horas de prestación: es necesario dimensionar adecuadamente el servicio, incorporando las horas de coordinación del equipo educativo, horas de formación, horas para realizar la evaluación, de coordinación y de dirección técnica, y asegurando el seguimiento durante la ejecución del contrato.
- Costes asociados al proyecto: se debe prever el presupuesto necesario para materiales pedagógicos, desplazamientos y dietas, si procede.
- En cuanto a la evaluación: es necesario prever tiempo y recursos para la evaluación, adecuándolos al nivel de profundidad deseado.
Para evitar que la licitación se convierta en una subasta basada principalmente en el precio, es tan importante limitar el peso del criterio económico (a un máximo del 35%, por ejemplo), como la fórmula de aplicación para el cálculo de puntos. Recomendamos realizar escenarios de baja para comprobar que la fórmula, y por tanto el precio, no sea el factor determinante aunque el porcentaje de puntos sea discreto.
En cuanto a los criterios sometidos a juicio de valor, recomendamos distribuir la puntuación en varios apartados y valorarlos en forma de rúbrica limitando su extensión. Los criterios pueden ser tan diversos como elaborar una propuesta metodológica con descripción de una actividad, detallar planes de formación del equipo o de comunicación del proyecto, el sistema de evaluación a aplicar, propuesta de trabajos en red o abarcar aspectos concretos a potenciar de inclusión, innovación, propuesta de mantenimiento, etc.
En definitiva, la calidad de los servicios externalizados no es un elemento accesorio, sino el resultado directo de las decisiones adoptadas en el diseño de la licitación. Definir adecuadamente los criterios, dimensionar correctamente los recursos y exigir rigor técnico son factores determinantes para garantizar servicios educativos de calidad y con impacto real para la ciudadanía.
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